¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
REALIDAD: Las garantías son mecanismos para una tutela efectiva de los derechos y las tienen todas las Constituciones de los países democráticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que mientras más garantías están al servicio del ciudadano, mejor se pueden proteger sus derechos fundamentales.
SEGURIDAD CIUDADANA
No es por demasiadas garantías que se escapó alias Fito. No son las garantías las que han hecho que este año sea el más violento de la historia, las que han permitido las masacres en los barrios de Guayaquil o Esmeraldas y aún en las cárceles, donde supuestamente tiene control el Estado. Es la falta de voluntad del gobierno por proteger a la población.
Ni siquiera se puede decir que hay menos personas privadas de libertad que antes. En 2009, cuando entró en vigencia la Constitución, la tasa de personas privadas de libertad era de 85 por cada 100.000 habitantes. En 2022, la tasa fue de 215 por cada 100.000 habitantes.
Por otro lado, ha quedado claro que la Policía Nacional cuenta con la suficiente capacidad de despliegue cuando se trata de reprimir la resistencia social.
RIESGOS
El principal riesgo de una Constitución hecha a medida del gobierno de turno es la acumulación de poder y la desaparición de control y contrapesos.
El principal objetivo de una nueva Constitución es restringir derechos y facultades de control para favorecer intereses empresariales. El grupo Noboa está en el negocio de la minería y la Constitución actual es un freno para sus proyectos extractivistas (mineros).
Esto se puede comprobar en las leyes que ha querido aprobar en la Asamblea Legislativa y que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Este es su principal obstáculo para consolidar sus negocios.
Pérdida de derechos históricos. La Constitución vigente reconoce 21 derechos colectivos, derechos de la naturaleza, justicia indígena, entre otros
Intereses empresariales.
El 70% de las propuestas de reforma constitucional en la región han sido impulsadas por lobbies empresariales
Costo económico.
Una Asamblea Constituyente costaría aproximadamente USB 280 millones según proyecciones del MEF dinero que podría destinarse a salud, educación o reactivación productiva.
Inestabilidad económica.
Una nueva Constitución generaría incertidumbre en todos los sectores afectando especialmente a las economías locales y territorios indígenas.